​El taller forma parte de una serie de actividades previstas en el contexto de la cooperación internacional de COPOLAD con la Junta Nacional de Drogas y el Instituto Nacional de Rehabilitación. El objetivo es desarrollar y crear un plan nacional de abordaje del consumo problemático de drogas para el sistema penitenciario y establecer medidas alternativas a la prisión.

El asesor técnico de la Secretaría Nacional de Drogas de Presidencia de la República de Uruguay, Diego Grau, informó que este taller es parte de un ciclo de encuentros que comenzó el 3 de abril, instancia en la que participaron unas 60 personas técnicas de diversas instituciones, incluyendo el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Junta Nacional de Drogas, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Defensoría, la academia y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es obtener una visión integral de los muchos actores involucrados en este proceso.

En ese primer encuentro se delimitaron algunos objetivos del plan, los cuales se continuaron trabajando en un segundo encuentro, que se realizó en tres jornadas consecutivas, finalizando en un taller de trabajo realizado este 29 de julio en la Oficina de la Cooperación Española en Uruguay.

Durante estos encuentros, se contó con la participación de personas expertas de Chile y España, quienes compartieron sus experiencias sobre los planes nacionales de drogas en sus respectivos países. El taller culminó con la discusión de cuestiones surgidas en las jornadas previas, con el fin de generar un plan interinstitucional a nivel nacional y que esté basado en evidencia y en prácticas de reducción de daños para atender esta problemática.

El consumo de drogas genera diversas consecuencias en el individuo, no solo a nivel conductual, físico y psicológico, sino también en su entorno, afectando en muchos casos a sus vínculos familiares debido a situaciones de «deudas» por consumo. A los efectos de la privación de libertad se suma la problemática de los posibles síndromes de abstinencia que pueden manifestarse en muchas de las personas que ingresan al sistema penitenciario con problemas de consumo. Esto crea un problema socio-sanitario, donde es esperable la aparición de nuevas consecuencias a nivel psíquico, psicológico y fisiológico de los individuos.

Si bien se ha logrado aumentar la atención en esta materia gracias a la articulación con diversas instituciones y organizaciones, se considera necesario ampliar el dispositivo de atención para trabajar en profundidad esta problemática y disminuir los riesgos asociados al consumo. Asimismo, se busca mejorar las condiciones de convivencia y la salud física y mental de las personas en situación de privación de libertad. El proyecto no solo busca reducir los consumos, sino también mejorar el bienestar integral del colectivo de personas privadas de libertad.

Grau explicó que uno de los mayores desafíos es contar con un abordaje único de política de Estado para esta situación. Por tanto, uno de los objetivos es establecer un trabajo interinstitucional para esta temática, marcando líneas de acción, estrategias y pasos a seguir. Los insumos obtenidos de estos encuentros permitirán elaborar un plan nacional, que será el primer paso para abordar esta temática de manera institucional y como política de Estado.

La presentación del plan está prevista para mediados de octubre. Se espera que el documento elaborado sirva como insumo para políticas públicas, siendo un trabajo serio, profesional, técnico e interinstitucional, con la participación de todos los actores involucrados en la ejecución penal, incluyendo la Universidad de la República, la academia y la sociedad civil. La intención es que este plan se aborde más allá del gobierno actual, estableciendo una política de Estado sostenible en el tiempo.