Con la participación de la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se realizó el lanzamiento de este programa que tiene el objetivo de contribuir a una mayor presencia de mujeres en cargos de decisión en todos los niveles de gobierno a través de su fortalecimiento y promoción de una cultura igualitaria en términos de género en el sistema político nacional.

El acto se llevó a cabo en la sala Acuña de Figueroa del Palacio Legislativo de Uruguay, y tuvo la participación, además, de la Ministra de Vivienda, Irene Moreira; la Viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache; la Senadora Sandra Lazo; la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero; la Gerenta de la Agencia Uruguaya de Cooperación, Claudia Romano; el Embajador de la Unión Europea en Uruguay, Paolo Berizzi; y la Responsable de Programas de la Oficina Técnica de Cooperación para Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, Blanca Rodríguez.

La participación de las mujeres en la toma de decisiones de los gobiernos está dando una visibilidad política importante a los derechos de las mujeres en todo el mundo. Aunque las mujeres no son un grupo homogéneo, tienden a apoyar a otras mujeres y han contribuido a incorporar los intereses y las preocupaciones de las mujeres a los programas parlamentarios, entre otras la violencia contra la mujer.

A través del proyecto “Apoyo a la creación y puesta en marcha de un centro de formación para mujeres políticas uruguayas”  se promueve el fortalecimiento de políticas públicas y mecanismos que reducen de forma efectiva y prioritaria la discriminación contra las mujeres en los espacios de participación política, tanto en el nivel internacional como nacional y local, a fin de  reforzar los procesos de cambio hacia la igualdad real y garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres, como contenido indiscutible del derecho a su plena ciudadanía.

Durante la presentación, la Vicepresidenta Beatriz Argimón resaltó la necesidad de reafirmar el compromiso en la construcción democrática, que requiere de todos y todas, al tiempo que destacó la labor de la Red de Mujeres Políticas, creada en 1992 y que luego fuera reimpulsada la Bancada Bicameral Femenina, “con mujeres que transformaron el cansancio en fuerza para contribuir a la equidad y a las oportunidades”, expresó.

El inicio del primer módulo de ciclo de formación, denominado “Mujeres y Política”, comenzó el sábado 23 de julio en la sala de actos de IMPO. El programa se divide en 5 módulos con un total de 70 horas de formación (Mujeres y Política; Competencias personales; Proyección pública; Estado y sistema electoral; y Legislación y política pública), con unas 63 participantes, con representación de todos los partidos políticos, diversidad de edades y lugares de residencia.

Uruguay y España tienen una amplia trayectoria de acompañamiento de las políticas públicas destinadas a visibilizar a las mujeres en todos los ámbitos de la vida económica, social y cultural, donde España acompañó el proceso de conformación y fortalecimiento de la Bancada Bicameral Femenina que complementó el trabajo de la Red de Mujeres Políticas creada en 1992. España también estuvo presente en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad de género en Uruguay, que requirió de fuertes apoyos en sus primeras etapas, así como en el desarrollo permanente de políticas de género consideradas estratégicas para el país y la región, como la dirigida a la eliminación, prevención, atención y reparación de la violencia basada en género y de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes.

La Cooperación Española, a partir de un análisis de la situación de discriminación de las mujeres en el mundo, tomando como referencia las áreas críticas que define la Plataforma de Beijing, tiene como objetivo general de desarrollo promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres, mediante el empoderamiento de las mismas en todas las esferas de participación, tratando de reforzar medidas concretas que afiancen el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, sexuales, políticos y culturales de las mujeres en todos los países socios de la Cooperación Española. Asimismo, adopta, tanto de forma horizontal como sectorial, la aplicación operativa de los principios de la Declaración de París en las actuaciones de Género en el Desarrollo.

De esta manera, la Cooperación Española se presenta como una cooperación feminista, donde el enfoque de género tiene un carácter de prioridad sectorial con una dimensión de transversalidad en todas las acciones e instrumentos de la cooperación. Por tanto, el reto se amplía a la aplicación de este enfoque en las demás estrategias sectoriales y en los documentos de planificación estratégica geográfica y programación operativa que maneja la cooperación, lo que supone un esfuerzo de coordinación y armonización de todos los actores de los distintos niveles de la administración española, además de un elemento para la coherencia de políticas en materia de género y desarrollo.